Como escribió Julio Hernández, el concierto de periodistas republicanos se arrancó al unísono con una nueva partitura: quien dude de la transparencia divina del cómputo electoral es, además de necio, un prospecto de delincuente electoral. Organizada como por una batuta, la prensa que ya no quiere más líos se sumó al sonsonete del panismo en el sentido de declarar concluido todo el proceso sin atender siquiera la inobjetable legalidad de la impugnación.
La lucha del PRD por aclarar lo que para este partido todavía es oscuro debe agotar todas las disposiciones que marca la ley, y esto incluye la petición de contar voto por voto. La diferencia es tan corta (según la versión oficial) y los comportamientos del conteo fueron tan extraños que es absurdo considerar disparatada la solicitud de recontar a cuentagotas. Ya un especialista en la Constitución (Carrancá y Rivas) ha expresado que la falta de certeza da pie a no discriminar, con la invocación de una ley secundaria como la electoral, el ideal constitucional de claridad plena.
Ocurra lo que ocurra, los ciudadanos que votaron por el candidato que representaba un peligro para México no deben olvidar que ahora el principal interés de la derecha marrullera será deshacerse de los sobres electorales. Ahí está, en ese tesoro de papel, la única prueba que podría demostrar la impostura del ganador; por eso (como en el 88) el apuro principal no sólo es “posicionar al triunfador”, sino quemar lo más pronto posible los testimonios materiales del latrocinio. Como en el 88, ahora el periodismo gárrulo, los financistas y los partidos sensatos (el PAN, por ejemplo) querrán acelerar la desintegración de la prueba.
Legendarias son las palabras del hampón Fernández de Cevallos, quien iracundo, ciceroniano, vociferó hace 18 años en la Cámara de diputados: “Nadie podría beneficiarse con escudriñar papeles que nada dicen y menos significan. La bancada panista acepta que se destruyan esos míticos documentos y que esos cientos de toneladas de papel sean procesados”.
El nuevo reto del PRD es múltiple: debe seguir tocando las puertas que establece la ley, sin olvidar, entre otras, la vía constitucional; debe continuar con la difusión de su inconformidad, pese a que los medios se han enconchado a favor de los domadores oficiales; debe procurar que las movilizaciones no decaigan ni se desdibujen y, lo más importante, debe cuidar que nadie borre las huellas digitales del presunto delito. Mientras existan, el hoy conciliador Calderón no accederá al paraíso de la legitimidad.