Está de vacaciones en Torreón mi amigo Gerardo García. Actualmente maestro universitario en Minnesota, obtuvo en 2005 su doctorado por la Arizona State University y sigue en marcha su trabajo de escritor con la ampliación de la tesis que lo doctoró, trabajo en el que aborda el tema de la narrativa policial mexicana. Al pasar por él para reavivar nuestro inevitable insumo de cerveza, sube al coche y lo primero que le pregunto, mientras sorteo baches, es cómo encuentra a su tierra en esta nueva visita. Gerardo, siempre original, sonríe un poco, mira los baches en el horizonte y suelta un topónimo: Kosovo.
En efecto, nada como esa palabra para definir la condición gruyère del asfalto lagunero, casi como si hubiera sido bombardeado en una guerra de regular intensidad. Con una temporadita breve de lluvias sale a relucir, y eso ya no nos extraña, el permanente embuste de los trabajos de pavimentación que nunca serán ni medianamente definitivos en ninguna de las arterias citadinas. Obra que se ejecuta, obra que en uno, dos, tres años vuelve a ser el marranal de pozos que demanda nuevos y millonarios arreglos, circulo mugroso de componendas entre la autoridad y las empresas constructoras que consiguen contratos sin fin y redituables, negocio estrella, por lucrativo y silencioso, de todos los años y de todas las administraciones municipales.
Tras las lluvias, entonces, a las labores de construcción que demanda el crecimiento y la complejidad de la ciudad, se suman las de remozamiento. Cuando por razones de tráfico ciertas zonas deben tolerar gran flujo de camiones, la cosa se pone peor, pues debido a la mala calidad de la carpeta asfáltica los baches pueden aumentar su diámetro en cuestión de horas.
¿Qué arma puede tener el ciudadano para que la autoridad le garantice una pavimentación digna y más o menos duradera? El problema es tan complejo que pocas son las opciones de reclamación que puede hallar el ciudadano de a pie, y de ello abusa la autoridad al coludirse con villamelones de la construcción civil que escupen al suelo un poco de chapopote y por ello cobran cuentas millonarias.
Para evitar otro robo como el del DVR, para evitar los robos no menos lesivos como los que a diario nos infligen por concepto de carreteras mal ejecutadas, no sería inoportuno diseñar una ley específica sobre la materia, una normatividad que exija obras perfectamente realizadas y concluidas, y sobre todo que responsabilice minuciosamente al constructor, de suerte que si su obra se deshace como mazapán el recurso pueda volver íntegro a las arcas públicas. Es un sueño, lo sé, pero en Kosovo no nos queda de otra: hay que soñar.
En efecto, nada como esa palabra para definir la condición gruyère del asfalto lagunero, casi como si hubiera sido bombardeado en una guerra de regular intensidad. Con una temporadita breve de lluvias sale a relucir, y eso ya no nos extraña, el permanente embuste de los trabajos de pavimentación que nunca serán ni medianamente definitivos en ninguna de las arterias citadinas. Obra que se ejecuta, obra que en uno, dos, tres años vuelve a ser el marranal de pozos que demanda nuevos y millonarios arreglos, circulo mugroso de componendas entre la autoridad y las empresas constructoras que consiguen contratos sin fin y redituables, negocio estrella, por lucrativo y silencioso, de todos los años y de todas las administraciones municipales.
Tras las lluvias, entonces, a las labores de construcción que demanda el crecimiento y la complejidad de la ciudad, se suman las de remozamiento. Cuando por razones de tráfico ciertas zonas deben tolerar gran flujo de camiones, la cosa se pone peor, pues debido a la mala calidad de la carpeta asfáltica los baches pueden aumentar su diámetro en cuestión de horas.
¿Qué arma puede tener el ciudadano para que la autoridad le garantice una pavimentación digna y más o menos duradera? El problema es tan complejo que pocas son las opciones de reclamación que puede hallar el ciudadano de a pie, y de ello abusa la autoridad al coludirse con villamelones de la construcción civil que escupen al suelo un poco de chapopote y por ello cobran cuentas millonarias.
Para evitar otro robo como el del DVR, para evitar los robos no menos lesivos como los que a diario nos infligen por concepto de carreteras mal ejecutadas, no sería inoportuno diseñar una ley específica sobre la materia, una normatividad que exija obras perfectamente realizadas y concluidas, y sobre todo que responsabilice minuciosamente al constructor, de suerte que si su obra se deshace como mazapán el recurso pueda volver íntegro a las arcas públicas. Es un sueño, lo sé, pero en Kosovo no nos queda de otra: hay que soñar.
