Borges es personaje de su cuento más famoso, “El Aleph”. Para abreviarlo, recuerdo que el escritor visita la casa de un amigo medio loco que en su sótano ha descubierto un objeto extraño. Luego de cierto tiempo, el dueño de la casa lo invita a verlo y, así nomás, Borges admira el Aleph, el punto luminoso en el que convergen todos los tiempos y todos los espacios. Los lectores, fascinados por ese relato, han asociado desde entonces el nombre del escritor argentino al de aquel objeto divino/monstruoso. Con el surgimiento de Internet, lo más cómodo fue pensar que la “supercarretera de la información” (así le decían a la red en una época que ya nos parece el medievo) era, en verdad, el Aleph. No es para tanto, pero asombra todo lo que puede hacerse con las herramientas de la digitalidad.
Una de ellas, no la menos socorrida, es la piratería. Es infinito lo que puede hacerse con las computadoras de hoy, con los programas de hoy, con las malicias de hoy. Falsificar, por ejemplo. Si uno quiere un título universitario, no es necesario estudiar. Lo único que se requiere es un poco de dinero y escoger alguna universidad. ¿Harvard? ¿Yale? ¿La UNAM? Todo es fácil, nomás es necesario contar con un modelo original de título o una imagen clara, para copiarla idéntica y ponerle nuestra foto de ovalito, nuestro nombre y la profesión que estudiamos sin haber aprobado una sola materia. Bien se sabe que muchos profesionistas ya operan así, con títulos expedidos por la Universidad Tecnológica de Photoshop.
El pirataje ha llegado a lo deslumbrante. Como si fuera película de James Bond pero sin película y sin James Bond, los piratas del Caribe instalados en Tepito, verdaderos potentados en ese próspero ramo de la economía, ofrecen ahora padrones enteritos de lo que sea, bases de datos nacionales con nombres, direcciones, teléfonos, curps, erreefecés, marca de calzones y demás a precios de ganga.
Por eso Jacqueline Peschard, comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información, solicitó a la Secretaría de la Función Pública investigar la existencia de una presunta red de servidores públicos que trafican información. Paschard “consideró ‘escandalosa y preocupante’ la venta de bases de datos de millones de mexicanos en Tepito, por lo que demandó al gobierno federal indagar a funcionarios”, pues es muy probable que exista una “red de servidores públicos que trafican información”.
La preocupación —una preocupación que puede ser compartida por cualquier ciudadano conciente del valor de la privacidad— surgió luego de que fuera revelado que “en el mercado negro del barrio capitalino se pueden adquirir, en 12 mil dólares, archivos que contienen el padrón electoral, el registro vehicular y de licencias, entre otros”.
O sea, adiós a la privacidad o a la “secrecía”, como dicen los elegantes, pues en México rola en el mercado negro, como cháchara, toda la información que nosotros suponíamos estaba más bien guardada que la virginidad de Hermelinda Linda. Ya sabemos que no, y que por unos cuantos pesos un comerciante, un político o un extorsionador, que para el caso son lo mismo, pueden tener a su disposición los “generales” de un país.
Hace poco, con el registro de celulares, sus detractores arguyeron uno y mil motivos para echar por tierra su pertinencia. Luego del Día D en el que supuestamente iban a morir millones de teléfonos y no pasó nada, como si eso fuera un juego en el que se vale anunciar “oficialmente” algo y al día siguiente hacer como si lo “oficial” no fuera “oficial”, sino una especie de manita de puerco necesaria sólo para asustar a los remisos, ya sabemos a dónde irán a parar nuestros datos. Muy probablemente, cualquier día de estos, como si comprara un disco pirata de Los Yonic’s o una película de Pixar, cualquier delincuente compre el registro de celulares y nos tenga en un solo paquete, como un Aleph en su puño siniestro, como un bufet a merced de su patanería.
Una de ellas, no la menos socorrida, es la piratería. Es infinito lo que puede hacerse con las computadoras de hoy, con los programas de hoy, con las malicias de hoy. Falsificar, por ejemplo. Si uno quiere un título universitario, no es necesario estudiar. Lo único que se requiere es un poco de dinero y escoger alguna universidad. ¿Harvard? ¿Yale? ¿La UNAM? Todo es fácil, nomás es necesario contar con un modelo original de título o una imagen clara, para copiarla idéntica y ponerle nuestra foto de ovalito, nuestro nombre y la profesión que estudiamos sin haber aprobado una sola materia. Bien se sabe que muchos profesionistas ya operan así, con títulos expedidos por la Universidad Tecnológica de Photoshop.
El pirataje ha llegado a lo deslumbrante. Como si fuera película de James Bond pero sin película y sin James Bond, los piratas del Caribe instalados en Tepito, verdaderos potentados en ese próspero ramo de la economía, ofrecen ahora padrones enteritos de lo que sea, bases de datos nacionales con nombres, direcciones, teléfonos, curps, erreefecés, marca de calzones y demás a precios de ganga.
Por eso Jacqueline Peschard, comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información, solicitó a la Secretaría de la Función Pública investigar la existencia de una presunta red de servidores públicos que trafican información. Paschard “consideró ‘escandalosa y preocupante’ la venta de bases de datos de millones de mexicanos en Tepito, por lo que demandó al gobierno federal indagar a funcionarios”, pues es muy probable que exista una “red de servidores públicos que trafican información”.
La preocupación —una preocupación que puede ser compartida por cualquier ciudadano conciente del valor de la privacidad— surgió luego de que fuera revelado que “en el mercado negro del barrio capitalino se pueden adquirir, en 12 mil dólares, archivos que contienen el padrón electoral, el registro vehicular y de licencias, entre otros”.
O sea, adiós a la privacidad o a la “secrecía”, como dicen los elegantes, pues en México rola en el mercado negro, como cháchara, toda la información que nosotros suponíamos estaba más bien guardada que la virginidad de Hermelinda Linda. Ya sabemos que no, y que por unos cuantos pesos un comerciante, un político o un extorsionador, que para el caso son lo mismo, pueden tener a su disposición los “generales” de un país.
Hace poco, con el registro de celulares, sus detractores arguyeron uno y mil motivos para echar por tierra su pertinencia. Luego del Día D en el que supuestamente iban a morir millones de teléfonos y no pasó nada, como si eso fuera un juego en el que se vale anunciar “oficialmente” algo y al día siguiente hacer como si lo “oficial” no fuera “oficial”, sino una especie de manita de puerco necesaria sólo para asustar a los remisos, ya sabemos a dónde irán a parar nuestros datos. Muy probablemente, cualquier día de estos, como si comprara un disco pirata de Los Yonic’s o una película de Pixar, cualquier delincuente compre el registro de celulares y nos tenga en un solo paquete, como un Aleph en su puño siniestro, como un bufet a merced de su patanería.
