Se equivocó redondo José Alfredo cuando dijo que allá en su León, Guanajuato, la vida no vale nada. Si pudiéramos hacer una versión corregida de aquella ranchera, creo que nadie se enojaría si en vez de decir “León”, afirmamos que es todo el país, que en el México entero de este tiempo la vida no vale un rábano. Quien lo dude, basta que vea la pizarra electrónica del siniestro hermosillense: 46 niños muertos (de una manera literalmente infernal) y cero detenidos. Sólo en un país como el nuestro se puede dar esa criminal contradicción, que mueran tantos inocentes frente a los ojos de la “autoridad” y que luego todo se diluya en la manoseadas frases dilativas: “Se actuará hasta las últimas consecuencias”, “el Estado hará valer todo el rigor de la ley”, “se procederá caiga quien caiga”.
El incendio de la guardería ABC vino a probar, por si hiciera falta y con las más desgarradoras víctimas, la increíble y triste podredumbre de la política al uso y su sistema desalmado. El siniestro no sólo quemó las a todas luces inadecuadas instalaciones de esa estancia para niños, sino que arrasó con las últimas hebras de credibilidad que tienen los administradores de este país, sean del nivel que sean. El hecho luminoso de que no haya un solo culpable visible y al menos arraigado, muestra hasta qué punto los negocios privados se han confundido con los quehaceres públicos, como si el país se hubiera fernandezdecevallizado por completo, como si México no fuera ya un Estado sino un tianguis gigante en el que no importa el hombre, sino sólo lo que vende y lo que compra.
Fernando Gómez Mont, el corpulento engominado que despacha en Gobernación, señaló ayer que no es pertinente “politizar” la tragedia. Es posible estar parcialmente con él, sobre todo en el estricto caso de las indagaciones, la compilación de pruebas y el reparto de culpabilidades, todo en el caso de que sean profesionales y en verdad estén tratando de llegar al esclarecimiento de los hechos para fincar las penas correspondientes. Sin embargo, el desaguisado se politiza en automático por el simple hecho de que las guarderías son, como tanto en México, un botín para hacer negocios particulares en los pasillos del poder político.
De ahí quizá que el IMSS no haya dado a conocer de inmediato el padrón de responsables de las guarderías subrogadas, como si la tardanza obedeciera a un impulso protector de hermanos, primos, tías y compadres de encumbrados. Ante la demora, la suspicacia, una suspicacia apoyada en años de saber que detrás de un contrato, de una concesión, de un concurso, está la mano negra de los cambalaches en lo oscurito.
En México son bien conocidos los resultados que se gastan las autoridades judiciales luego de desastres de parecida magnitud al sonorense. Todos pasan, forzosamente, por el factor disolvente conocido como “tiempo”. Estamos, hoy, a doce días del incendio en la guardería; debido al tortuguismo deliberado y al congestionamiento de otras noticias los afectados se van quedando más solos de lo que ya estaban, es decir, pierden hasta el favor de la opinión pública que en general vira si interés hacia donde soplan nuevos aires noticiosos. Pasadas varias semanas, o meses, las procuradurías estatal y federal darán estos resultados: A) que por angas o mangas no hay delito qué perseguir, pues los papeles de los subrogantes están en regla y, bueno, fue un penoso accidente; B) caerá algún chivo expiatorio de peso mosca, que es el recurso favorito de las autoridades, pues sale escandalosamente barato construir un expediente retorcido a cualquier pelagatos, y C) que caiga un culpable verdadero, pero con derecho a fianza. En síntesis, aquí en mi México lindo, la vida no vale nada.
El incendio de la guardería ABC vino a probar, por si hiciera falta y con las más desgarradoras víctimas, la increíble y triste podredumbre de la política al uso y su sistema desalmado. El siniestro no sólo quemó las a todas luces inadecuadas instalaciones de esa estancia para niños, sino que arrasó con las últimas hebras de credibilidad que tienen los administradores de este país, sean del nivel que sean. El hecho luminoso de que no haya un solo culpable visible y al menos arraigado, muestra hasta qué punto los negocios privados se han confundido con los quehaceres públicos, como si el país se hubiera fernandezdecevallizado por completo, como si México no fuera ya un Estado sino un tianguis gigante en el que no importa el hombre, sino sólo lo que vende y lo que compra.
Fernando Gómez Mont, el corpulento engominado que despacha en Gobernación, señaló ayer que no es pertinente “politizar” la tragedia. Es posible estar parcialmente con él, sobre todo en el estricto caso de las indagaciones, la compilación de pruebas y el reparto de culpabilidades, todo en el caso de que sean profesionales y en verdad estén tratando de llegar al esclarecimiento de los hechos para fincar las penas correspondientes. Sin embargo, el desaguisado se politiza en automático por el simple hecho de que las guarderías son, como tanto en México, un botín para hacer negocios particulares en los pasillos del poder político.
De ahí quizá que el IMSS no haya dado a conocer de inmediato el padrón de responsables de las guarderías subrogadas, como si la tardanza obedeciera a un impulso protector de hermanos, primos, tías y compadres de encumbrados. Ante la demora, la suspicacia, una suspicacia apoyada en años de saber que detrás de un contrato, de una concesión, de un concurso, está la mano negra de los cambalaches en lo oscurito.
En México son bien conocidos los resultados que se gastan las autoridades judiciales luego de desastres de parecida magnitud al sonorense. Todos pasan, forzosamente, por el factor disolvente conocido como “tiempo”. Estamos, hoy, a doce días del incendio en la guardería; debido al tortuguismo deliberado y al congestionamiento de otras noticias los afectados se van quedando más solos de lo que ya estaban, es decir, pierden hasta el favor de la opinión pública que en general vira si interés hacia donde soplan nuevos aires noticiosos. Pasadas varias semanas, o meses, las procuradurías estatal y federal darán estos resultados: A) que por angas o mangas no hay delito qué perseguir, pues los papeles de los subrogantes están en regla y, bueno, fue un penoso accidente; B) caerá algún chivo expiatorio de peso mosca, que es el recurso favorito de las autoridades, pues sale escandalosamente barato construir un expediente retorcido a cualquier pelagatos, y C) que caiga un culpable verdadero, pero con derecho a fianza. En síntesis, aquí en mi México lindo, la vida no vale nada.
