Era
fácil adivinar el primer gran desenlace del caso Ayotzinapa: luego de la larga
y mañosa espera venía la previsible andanada de resultados que dicen pero no
dicen, que son pero no parecen, todo enunciado al gaseoso estilo de siempre. Un
recorrido a paso veloz por los grandes escándalos de los sexenios recientes nos
permite apreciar que en el librito de la comunicación oficial lo importante es
dejar sembrada la mayor cantidad de dudas, aplicar el viejo y manoseado recurso
de la opacidad que, pasado cierto lapso, todo lo mitiga.
Remontémonos
(sólo por hacer un corte temporal relativamente próximo) al 94, a marzo del 94.
El asesinato de Lomas Taurinas quedó de inmediato manchado por datos borrosos y
contradictorios, por evidencias que de botepronto daban para pensar en una
sofisticada operación de enrarecimiento. De hecho, el dato principal no es
claro hasta la fecha: ¿el sujeto captado por las cámaras inmediatamente después
de la agresión a Colosio es el mismo que tiempo después fue presentado (ya con
lentes) ante los medios de comunicación o en el camino lo sustituyeron por otro
como si fuera un doble de película? Pese a las cientos de páginas y videos
generados hasta la fecha, nada se sabe en realidad con total certeza, nada, y
hasta el lugar de los hechos fue modificado antes de que en el futuro a alguien
se le ocurriera reconstruir la trama, rehacer el film.
Poco
después asesinaron a José Francisco Ruiz Massieu y despareció Manuel Muñoz Rocha,
diputado federal y presunto autor intelectual del crimen. La pesquisa incluyó,
esto jamás lo olvidaremos, la pericia de Francisca Zetina, “vidente” y
sembradora de cráneos. Pese a la magnitud del homicidio y pese a los fiscales
especiales y toda esa vaina engañabobos, ni antes ni después ni nunca logró ser
esclarecido bien a bien aquel enredo.
Asesinatos,
masacres y demás se han sucedido pues sin freno y jamás ha quedado establecido
nada en limpio. Adrede traje como ejemplos dos crímenes salientes por la
ubicación política de los personajes. Si en esos casos no fluyó la información
hasta caer ya destilada en un recipiente claro, menos en los centenares de
casos en los que, por montones, caen ciudadanos de a pie, hombres y mujeres sin
notoriedad social. Acteal, Aguas Blancas, San Fernando y similares y conexos
siguen siendo en México las masacres insignia de los años recientes, ¿y qué
quedó allanado desde entonces sobre ellas, quién fue castigado? El calderonismo
genocida, por ejemplo, atiborró el país de muertos y todo terminó apegado a la
tradición del carpetazo, una de las más socorridas en la realidad que
padecemos.
Por
eso ahora no podíamos esperar algo distinto. Luego de más de cuarenta días de
incertidumbre y zozobra, el ya cansado procurador Murillo Karam sale a declarar
que en efecto han sido hallados y estudiados muchos cadáveres (o lo que quedó
de ellos) y tiene a unos cuantos sujetos ya detenidos como presuntos
responsables. El inmenso aparato de seguridad y de procuración de justicia metido
en el asunto y son apenas ofrecidos estos pobres resultados que, por otro lado,
en todo momento exculpan al gobierno federal. En fin, grotesco.
La
diferencia entre las dudas que quedaban hace años y ésta es enorme: no sólo se
ha llegado, parece, al colmo del cansancio social, sino que ahora hay
mecanismos de acceso a la información que no están controlados en su totalidad
por unos pocos. Por eso creo que esta vez la respuesta podrá ser otra, por eso
hablo en el encabezado de este comentario de una “duda combustible”, una duda
que no sofoca sino que enciende, que encorajina más.
