Y todo para qué

En lugar de decir que son un bien a secas, tenemos que afirmar lo inverso: los diputados son un mal necesario. Sin ellos, el sistema democrático aparencial en el que vivimos no tendría uno de sus principales asideros y todo parecería un sistema si no dictatorial, al menos sí caciquil, dominado por grandes y pequeñas hordas de mafiosos “empoderados”. Los diputados son pues una carga que el erario debe soportar abnegadamente, cual seño de endenantes al marido borrachales. La actual legislatura local alcanzará a depradar una cifra que requiere cierta competencia en aritmética para ser enunciada sin titubeos: $89,597,909.14.

Sobre esta draculesca chupada a la yugular del presupuesto coahuilense apareció hace pocos días un ejercicio realizado por el portal Red es Poder y la asociación civil Participación ciudadana 29. Es interesante porque permite echar un ojo al desempeño de nuestros diputados, quienes no viven precisamente en “la honrosa medianía” juarista, sino en una especie de carnaval pantagruélico en el que por tirar confeti se reparten cientos de miles de pesos.

El ejercicio periodístico-ciudadano incluye tres variables: asistencia (“Asistir a las sesiones del pleno, de sus comisiones y de sus comités correspondientes. Los datos correspondientes a esta variable se obtuvieron de la estadística parlamentaria en el sitio del congreso”), iniciativas (“El origen de las leyes empieza con las propuestas legislativas del diputado. Es su trabajo construir y supervisar las iniciativas que se convierten en ley y afectan directamente el impacto social que tiene el proceso legislativo”) y decretos (“Las iniciativas que se votan a favor y se convierten en ley, finalmente, son los decretos. Las iniciativas que se convierten en decreto suponen una iniciativa bien construida y efectiva para la mejora de la constitución local. Estos datos se obtienen también de la página del congreso”).

Al final, luego de analizar cada ítem diputado tras diputado de acuerdo a una metodología explicada minuciosamente en el portal, se plantea una combinación porcentual que arroja la calificación de cada legislador. Por supuesto, varios reprobaron hasta en el rubro más sencillo, el de la asistencia. Eso sí: ninguno ha dejado de recibir su dieta, una dieta que totaliza entre 3 millones 500 mil pesos y 4 millones por piocha.

Y todo para qué, para qué tanto amor, como canta el grupazo Intocable.

El peluquero y los gandallas

Aunque no soy bueno para retenerlos ni para contarlos, siempre me ha interesado el mecanismo de los chistes. Tanto es así que tengo una especie de especulación inacabada (todo escritor es un animal de “inacabamientos”) sobre el tema; algún día, cuando de plano no me quede alternativa, discurriré frente a un público sobre esto, y diré con cierta seguridad lo que por ahora sólo es boceto, aproximación, tanteo a distancia segura. Por ejemplo, que el chiste basa con frecuencia su efecto en la enciclopedia del oyente/lector, de ahí que no produzca el mismo resultado un mismo chiste ante públicos formados en culturas diferentes. Eso ya lo sabemos, pero nunca está de sobra poner un caso claro. Leamos, para ayudarnos, un chiste que me llegó ayer al buzón; me lo envió, como cadena, mi amigo Carlos Ibarra. Lleva como título “El peluquero”:
Un día, un florista fue al peluquero a cortarse el pelo. Luego del corte pidió la cuenta y el peluquero le contestó:
—No puedo aceptar dinero. Esta semana estoy haciendo un servicio comunitario.
El florista quedó agradecido y dejó el negocio.
Cuando el peluquero fue a abrir el negocio a la mañana siguiente, había allí una nota de agradecimiento y una docena de rosas en la puerta.
Luego entró un policía para cortarse el pelo, y cuando fue a pagar, el peluquero respondió:
—No puedo aceptar dinero. Esta semana estoy haciendo un servicio comunitario.
El policía se puso contento y se fue. A la mañana siguiente, cuando el peluquero volvió, había una nota de agradecimiento y una docena de donas esperándole en la puerta.
Más tarde, un profesor fue a cortarse el pelo y en el momento de pagar, el hombre otra vez respondió:
—No puedo aceptar dinero. Esta semana estoy haciendo un servicio comunitario.
El profesor, con mucha alegría, se fue. A la mañana siguiente, cuando el peluquero abrió, había una nota de agradecimiento y una docena de libros.
Entonces un diputado fue a cortarse el pelo y cuando fue a pagar, el peluquero nuevamente dijo:
—No puedo aceptar dinero. Esta semana estoy haciendo un servicio comunitario.
El diputado se alejó contento. Al día siguiente, cuando el peluquero fue a abrir el local, había una docena de diputados haciendo cola para cortarse gratis.
Esto, querido amigo, muestra la diferencia fundamental que existe actualmente entre los ciudadanos comunes y los miembros del “Honorable” Congreso. Por favor, en las próximas elecciones vota con más cuidado... Atentamente: el peluquero.
Si este chiste con moraleja fuera contado en Suiza u Holanda, no funcionaría, pues da por entendida una certeza previa que allá desconocen, un saber contenido en la enciclopedia del mexicano estándar: que un legislador es un vividor, idea arraigadísima, por desgracia, entre nosotros. Extraña que este chiste exima de abuso al policía (la idea de las donas es un estereotipo gringo, por cierto), personaje que sin duda parece desplazado por la figura harto deteriorada del legislador.
Lo dicho: vistos a contraluz, muchos chistes son más que chistes: son, a mi parecer, viñetas culturales, manifestaciones del corazón colectivo.

Ley de salarios cínicos

Si la presidencia era imperial, justo era también que sus achichincles lo fueran. No había límites, pues, para que toda la estructura (gobernadores, alcaldes, secretarios, subsecretarios, asesores, directores, técnicos, aviadores, subaviadores, asesores de los aviadores) se despachara con el cucharón frijolero. Eso en cuanto a los salarios, que de todos modos han sido tradicionalmente lo de menos. Ya puestos en el sitio donde hay, lo común era, es, tomar, hacer de lo ajeno algo propio, convertir el espacio público en patrimonio privado, individual o de grupo. Durante décadas, lo normal en México ha sido establecer sueldos como mejor le parece al jefe de algún coto. El presidente municipal los fija a su antojo, el gobernador igual, y en las dependencias son los propios funcionarios quienes determinan cuánto van a ganar (ellos mismos), lo que en este país ha garantizado una antimedianía juarista en la que nadie se sacrifica para servir de oquis a la patria. Por eso es un caos. Un alcalde que gobierna a cincuenta mil ciudadanos puede ganar lo mismo que el presidente de la república, o un gobernador embuchacarse lo mismo que un primer ministro europeo. En Torreón se dio el caso de Alatorre Dressel en Simas, quien alguna vez ganó más que Ronaldinho en el Barcelona.
La pregunta es simple: ¿cuánto debe ganar un funcionario público? Por falta de radicalismo hemos dejado que una punta de patanes se pague lo que guste. Aceptamos como normal que los sueldos en la función pública de cierto nivel sean altos, y así sigue adelante ese viejo problema que engulle millones y millones del presupuesto anual del país. Para empezar, los sueldos en el sector público creo que nunca deben estar por encima de los que ofrece el sector privado. Por simple sentido común, ya que un ciudadano bien nacido, un dizque servidor al país, no puede aceptar que la patria “a la que sirve” le esté sirviendo a él. Así el abarrote, un alcalde no debería ganar más de cuarenta mil pesos, por decir. Claro que gobernar Guadalajara no es lo mismo que gobernar Lerdo, pero la diferencia salarial no debe ser muy notoria, dado que para gobernar Guadalajara hay una estructura de colaboradores ideal para gobernar Guadalajara, así que el alcalde de ese municipio no puede hacerle al mártir.
Si aceptamos que con cuarenta mil pesos un alcalde está mejor que bien pagado (y si no le gusta ese salario entonces para qué tanta demagogia relacionada con su pasión por servir), un gobernador no debe ganar más de sesenta mil. Un diputado local, treinta. Uno federal, 35 o cuarenta. Un senador, 45. Un secretario de estado, 55 o sesenta. Un secretario estatal, 30. El presidente de la república, unos 70 u 80. Claro que estoy tirando números un poco a lo que me da la inspiración, cifras con las que sé que puede vivir holgadamente, aunque sin lujos desorbitados, una familia de cuatro miembros. Pero qué ocurre: estamos tan acostumbrados a imaginar que los funcionarios vivan como reyes, con sueldazos y prestaciones de toda índole, que nos parece ridículo imaginar al secretario o al alcalde en un Tsuru, con sus hijos en una escuela pública o en una privada aunque modesta, con una casa mona y pequeña en vez de esas mansiones de telenovela que suelen comprarse con el dinero de las arcas públicas. Estamos acostumbrados a imaginar eso, cierto, pero es una anomalía, no lo que la lógica y la moral pueden recomendar.
Hace unas semanas los consejeros del IFE quisieron dobletearse el sueldazo, pero ni en este país de cínicos pudo pasar incólume su desvergonzada iniciativa. Ahora nos enteramos de que los ministros de la SCJN se la pasan cachetonamente con prestaciones que son una mentada de madre al águila de la bandera, pero todo sigue igual: en la anarquía, en el desorden, hasta el comisariado ejidal de Lechuguillas puede establecer el salario que mejor convenga al desempeño de su alta misión nacionalista.