Un pequeño triunfo

Ganan una millonada por su alta competencia y para hacerlos, se supone, incorruptibles, pero de todos modos son mexicanos, están en México y todo es posible. Me refiero a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes ayer hicieron que algunos corazones palpitaran de desahogo al aceptar que fuera creada una comisión que investigue si se registraron violaciones graves a las garantías en el percance de la guardería ABC. Fueron ocho votos a tres, goliza que demuestra la pertinencia de que un problema como el suscitado en Hermosillo sea llevado a los más altos foros de la justicia mexicana y siente un precedente inmediato, ejemplar e inolvidable.
Tampoco será esto, claro, un castigo a los culpables, pero el hecho de que la SCJN entre en escena demuestra el tamaño de la atrocidad perpetrada en Sonora contra pequeños en edad de protección extrema. La intervención de la Suprema es, en el escenario de escepticismo que padecemos, un buche de agua fresca que permite renovar un poco la fe en la sana intervención del Estado cuando la ciudadanía sufre atentados en contra de sus más elementales garantías, el derecho a la seguridad y la vida en una etapa, la niñez, que en teoría depende sólo de las decisiones que toman los adultos, en este caso los administradores de las guarderías.
María del Rosario Mota Cienfuegos y Carlos Ronzón Sevilla fueron designados por la Suprema Corte para encabezar la investigación. Ellos reunirán y analizarán la documentación que permita aclarar qué dosis de omisiones y errores administrativos permitieron el desaguisado de la ABC.
El plazo que se dio para establecer un informe sobre los hechos fue de seis meses. En ese lapso, los encargados de la comisión deberán explorar, en efecto, todo lo relacionado al caso específico de la guardería hermosillense, pero de paso deberán extender sus resultados al examen de todo el cuestionado sistema de guarderías en el país. “Los ministros Sergio Valls Hernández, José Ramón Cossío, Genaro Góngora Pimentel, Olga Sánchez Cordero, Juan Silva Meza, José de Jesús Gudiño Pelayo y Fernando Franco González Salas, coincidieron en que existen elementos para presuponer que se registraron actos y omisiones de servidores públicos que generaron violaciones de garantías no sólo a causa del incendio, sino antes y después de los hechos”, aclara la nota.
Gracias, entonces, al interés de algunos ministros como Sergio Valls Hernández, Genaro Góngora y Juan Silva Mesa, quienes hicieron suyas las peticiones de los padres de familia afectados, el brutal incendio de la ABC pasó a tener un interés capital para la justicia mexicana, dado que a partir de aquí no se perderá en el enredo exculpatorio de las instancias judiciales que hasta el momento han investigado el hecho y, como siempre, tiran la bolita para todos lados y ninguno. La intervención de la Suprema permitirá alcanzar alguna luz de verdad sobre el hecho concreto del incendio ocurrido el 5 de junio, pero también se sentará el precedente sobre la atención que reciben los niños en las guarderías del país y sobre el manejo administrativo que se está dando en el sistema nacional de guarderías. Se verá, entonces, si todo avanza por el camino adecuado, qué tanto son un negocio de primos y compadres y qué tanto son espacios de atención a los hijos de trabajadoras que, sin otra alternativa, deben recurrir a los servicios de las estancias que, ya se vio, en muchos casos están siendo manejadas por logreros cercanos a los grupos de poder y no por ciudadanos con espíritu de servicio. No hay que echar, es verdad, hurras de alegría, pero creo que es un mínimo motivo de contento, un pequeño triunfo, que la SCJN ya tenga los ojos colocados en el funesto incendio de la ABC.

Ley de salarios cínicos

Si la presidencia era imperial, justo era también que sus achichincles lo fueran. No había límites, pues, para que toda la estructura (gobernadores, alcaldes, secretarios, subsecretarios, asesores, directores, técnicos, aviadores, subaviadores, asesores de los aviadores) se despachara con el cucharón frijolero. Eso en cuanto a los salarios, que de todos modos han sido tradicionalmente lo de menos. Ya puestos en el sitio donde hay, lo común era, es, tomar, hacer de lo ajeno algo propio, convertir el espacio público en patrimonio privado, individual o de grupo. Durante décadas, lo normal en México ha sido establecer sueldos como mejor le parece al jefe de algún coto. El presidente municipal los fija a su antojo, el gobernador igual, y en las dependencias son los propios funcionarios quienes determinan cuánto van a ganar (ellos mismos), lo que en este país ha garantizado una antimedianía juarista en la que nadie se sacrifica para servir de oquis a la patria. Por eso es un caos. Un alcalde que gobierna a cincuenta mil ciudadanos puede ganar lo mismo que el presidente de la república, o un gobernador embuchacarse lo mismo que un primer ministro europeo. En Torreón se dio el caso de Alatorre Dressel en Simas, quien alguna vez ganó más que Ronaldinho en el Barcelona.
La pregunta es simple: ¿cuánto debe ganar un funcionario público? Por falta de radicalismo hemos dejado que una punta de patanes se pague lo que guste. Aceptamos como normal que los sueldos en la función pública de cierto nivel sean altos, y así sigue adelante ese viejo problema que engulle millones y millones del presupuesto anual del país. Para empezar, los sueldos en el sector público creo que nunca deben estar por encima de los que ofrece el sector privado. Por simple sentido común, ya que un ciudadano bien nacido, un dizque servidor al país, no puede aceptar que la patria “a la que sirve” le esté sirviendo a él. Así el abarrote, un alcalde no debería ganar más de cuarenta mil pesos, por decir. Claro que gobernar Guadalajara no es lo mismo que gobernar Lerdo, pero la diferencia salarial no debe ser muy notoria, dado que para gobernar Guadalajara hay una estructura de colaboradores ideal para gobernar Guadalajara, así que el alcalde de ese municipio no puede hacerle al mártir.
Si aceptamos que con cuarenta mil pesos un alcalde está mejor que bien pagado (y si no le gusta ese salario entonces para qué tanta demagogia relacionada con su pasión por servir), un gobernador no debe ganar más de sesenta mil. Un diputado local, treinta. Uno federal, 35 o cuarenta. Un senador, 45. Un secretario de estado, 55 o sesenta. Un secretario estatal, 30. El presidente de la república, unos 70 u 80. Claro que estoy tirando números un poco a lo que me da la inspiración, cifras con las que sé que puede vivir holgadamente, aunque sin lujos desorbitados, una familia de cuatro miembros. Pero qué ocurre: estamos tan acostumbrados a imaginar que los funcionarios vivan como reyes, con sueldazos y prestaciones de toda índole, que nos parece ridículo imaginar al secretario o al alcalde en un Tsuru, con sus hijos en una escuela pública o en una privada aunque modesta, con una casa mona y pequeña en vez de esas mansiones de telenovela que suelen comprarse con el dinero de las arcas públicas. Estamos acostumbrados a imaginar eso, cierto, pero es una anomalía, no lo que la lógica y la moral pueden recomendar.
Hace unas semanas los consejeros del IFE quisieron dobletearse el sueldazo, pero ni en este país de cínicos pudo pasar incólume su desvergonzada iniciativa. Ahora nos enteramos de que los ministros de la SCJN se la pasan cachetonamente con prestaciones que son una mentada de madre al águila de la bandera, pero todo sigue igual: en la anarquía, en el desorden, hasta el comisariado ejidal de Lechuguillas puede establecer el salario que mejor convenga al desempeño de su alta misión nacionalista.