Ganan una millonada por su alta competencia y para hacerlos, se supone, incorruptibles, pero de todos modos son mexicanos, están en México y todo es posible. Me refiero a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes ayer hicieron que algunos corazones palpitaran de desahogo al aceptar que fuera creada una comisión que investigue si se registraron violaciones graves a las garantías en el percance de la guardería ABC. Fueron ocho votos a tres, goliza que demuestra la pertinencia de que un problema como el suscitado en Hermosillo sea llevado a los más altos foros de la justicia mexicana y siente un precedente inmediato, ejemplar e inolvidable.
Tampoco será esto, claro, un castigo a los culpables, pero el hecho de que la SCJN entre en escena demuestra el tamaño de la atrocidad perpetrada en Sonora contra pequeños en edad de protección extrema. La intervención de la Suprema es, en el escenario de escepticismo que padecemos, un buche de agua fresca que permite renovar un poco la fe en la sana intervención del Estado cuando la ciudadanía sufre atentados en contra de sus más elementales garantías, el derecho a la seguridad y la vida en una etapa, la niñez, que en teoría depende sólo de las decisiones que toman los adultos, en este caso los administradores de las guarderías.
María del Rosario Mota Cienfuegos y Carlos Ronzón Sevilla fueron designados por la Suprema Corte para encabezar la investigación. Ellos reunirán y analizarán la documentación que permita aclarar qué dosis de omisiones y errores administrativos permitieron el desaguisado de la ABC.
El plazo que se dio para establecer un informe sobre los hechos fue de seis meses. En ese lapso, los encargados de la comisión deberán explorar, en efecto, todo lo relacionado al caso específico de la guardería hermosillense, pero de paso deberán extender sus resultados al examen de todo el cuestionado sistema de guarderías en el país. “Los ministros Sergio Valls Hernández, José Ramón Cossío, Genaro Góngora Pimentel, Olga Sánchez Cordero, Juan Silva Meza, José de Jesús Gudiño Pelayo y Fernando Franco González Salas, coincidieron en que existen elementos para presuponer que se registraron actos y omisiones de servidores públicos que generaron violaciones de garantías no sólo a causa del incendio, sino antes y después de los hechos”, aclara la nota.
Gracias, entonces, al interés de algunos ministros como Sergio Valls Hernández, Genaro Góngora y Juan Silva Mesa, quienes hicieron suyas las peticiones de los padres de familia afectados, el brutal incendio de la ABC pasó a tener un interés capital para la justicia mexicana, dado que a partir de aquí no se perderá en el enredo exculpatorio de las instancias judiciales que hasta el momento han investigado el hecho y, como siempre, tiran la bolita para todos lados y ninguno. La intervención de la Suprema permitirá alcanzar alguna luz de verdad sobre el hecho concreto del incendio ocurrido el 5 de junio, pero también se sentará el precedente sobre la atención que reciben los niños en las guarderías del país y sobre el manejo administrativo que se está dando en el sistema nacional de guarderías. Se verá, entonces, si todo avanza por el camino adecuado, qué tanto son un negocio de primos y compadres y qué tanto son espacios de atención a los hijos de trabajadoras que, sin otra alternativa, deben recurrir a los servicios de las estancias que, ya se vio, en muchos casos están siendo manejadas por logreros cercanos a los grupos de poder y no por ciudadanos con espíritu de servicio. No hay que echar, es verdad, hurras de alegría, pero creo que es un mínimo motivo de contento, un pequeño triunfo, que la SCJN ya tenga los ojos colocados en el funesto incendio de la ABC.
Tampoco será esto, claro, un castigo a los culpables, pero el hecho de que la SCJN entre en escena demuestra el tamaño de la atrocidad perpetrada en Sonora contra pequeños en edad de protección extrema. La intervención de la Suprema es, en el escenario de escepticismo que padecemos, un buche de agua fresca que permite renovar un poco la fe en la sana intervención del Estado cuando la ciudadanía sufre atentados en contra de sus más elementales garantías, el derecho a la seguridad y la vida en una etapa, la niñez, que en teoría depende sólo de las decisiones que toman los adultos, en este caso los administradores de las guarderías.
María del Rosario Mota Cienfuegos y Carlos Ronzón Sevilla fueron designados por la Suprema Corte para encabezar la investigación. Ellos reunirán y analizarán la documentación que permita aclarar qué dosis de omisiones y errores administrativos permitieron el desaguisado de la ABC.
El plazo que se dio para establecer un informe sobre los hechos fue de seis meses. En ese lapso, los encargados de la comisión deberán explorar, en efecto, todo lo relacionado al caso específico de la guardería hermosillense, pero de paso deberán extender sus resultados al examen de todo el cuestionado sistema de guarderías en el país. “Los ministros Sergio Valls Hernández, José Ramón Cossío, Genaro Góngora Pimentel, Olga Sánchez Cordero, Juan Silva Meza, José de Jesús Gudiño Pelayo y Fernando Franco González Salas, coincidieron en que existen elementos para presuponer que se registraron actos y omisiones de servidores públicos que generaron violaciones de garantías no sólo a causa del incendio, sino antes y después de los hechos”, aclara la nota.
Gracias, entonces, al interés de algunos ministros como Sergio Valls Hernández, Genaro Góngora y Juan Silva Mesa, quienes hicieron suyas las peticiones de los padres de familia afectados, el brutal incendio de la ABC pasó a tener un interés capital para la justicia mexicana, dado que a partir de aquí no se perderá en el enredo exculpatorio de las instancias judiciales que hasta el momento han investigado el hecho y, como siempre, tiran la bolita para todos lados y ninguno. La intervención de la Suprema permitirá alcanzar alguna luz de verdad sobre el hecho concreto del incendio ocurrido el 5 de junio, pero también se sentará el precedente sobre la atención que reciben los niños en las guarderías del país y sobre el manejo administrativo que se está dando en el sistema nacional de guarderías. Se verá, entonces, si todo avanza por el camino adecuado, qué tanto son un negocio de primos y compadres y qué tanto son espacios de atención a los hijos de trabajadoras que, sin otra alternativa, deben recurrir a los servicios de las estancias que, ya se vio, en muchos casos están siendo manejadas por logreros cercanos a los grupos de poder y no por ciudadanos con espíritu de servicio. No hay que echar, es verdad, hurras de alegría, pero creo que es un mínimo motivo de contento, un pequeño triunfo, que la SCJN ya tenga los ojos colocados en el funesto incendio de la ABC.
