Si
bien la pandemia se debe a un mismo virus, la forma de encararla evidencia
muchas variantes que en poco tiempo revelarán su tino o su impertinencia. En el
mar informativo es difícil saber, incluso con estadística a la mano, también
manipulable, qué países ofrecerán peores cuentas a su población cuando el
desastre haya pasado. Y digo desastre porque de manera unánime se viene
hablando en todas partes de saldos negativos ya visibles en cualquier renglón:
salud, economía, empleo, educación, energéticos...
Dado
el ritmo que ha mostrado la expansión del virus, América ha tenido un poco más
de tiempo que Europa y Asia para tomar recaudos. Pese a las semanas de ventaja,
sin embargo, algunos países muestran mayores conflictos a la hora de atajar y
atender los contagios, como han sido los casos de Estados Unidos, Brasil y
Ecuador. Otros, acaso más radicales en el imperativo de resguardar a la
población con medidas cercanas a la queda, hasta el momento dejan ver que en
las dos o tres semanas venideras podrían aplanar la famosa curva y tomar una
bocanada de aliento si no escalan un pico muy alto de contagios.
Es
obvio que en ningún país basta la sola disposición de pedir recogimiento a la
ciudadanía. Los gobiernos, y el mexicano no es la excepción, se han visto
desafiados no nada más para lograr que la mayor parte de la gente se quede en
casa, sino también para articular sobre la marcha un montón de ítems, todos de
atención inmediata. Por ejemplo, determinar qué espacios de trabajo no son
esenciales, lidiar con apoyos exprés para las Pymes, disponer de nuevo
equipamiento y más personal médico, vislumbrar otras modalidades impositivas,
renegociar deudas al calor de urgencia sanitaria, reconfigurar calendarios escolares
y hasta sopesar el uso de acciones represivas. Nada de esto es sencillo para el
gobierno que queramos elegir, sea del signo político que sea.
Por
su población y ubicación geográfica vecina a Estados Unidos, México daba la
impresión (todavía la da) de que saldría muy golpeado de esta crisis. Los
números permiten apreciar que hasta el momento la situación no ha rebasado a
las autoridades ni colapsado el sistema de salud. Hay, como es lógico, una
corriente de opinión muy adversa al gobierno que anticipa un crack inevitable. Adivinar si
funcionarán o no las medidas de prevención y atención es materia muy
especializada, así que no es nada sencillo ofrecer pronósticos. Lo que resulta
mejor, creo, es pensar más en la salud y no tanto en la política, no depositar
tantas esperanzas en la caída del actual régimen debido a su fracaso frente a
la pandemia. Es prudente pensar en la posibilidad de que, en lo que cabe, salga
bien librado y entonces sí el gobierno quede en mejor posición de cara a la
etapa de reconstrucción. Quizá quienes le echan porras a la pandemia no hayan
pensado también en tal posibilidad. Ya veremos.
Obtuve
las opiniones que vienen a continuación mediante las redes. Son, digamos, el
corte previo a la etapa más dura de la pandemia, que en teoría ya viene. Se
refieren a ocho países, todos de nuestra lengua; salvo España, los demás son de
América Latina. También quise conseguir pareceres sobre Brasil, Cuba, Perú y
Venezuela, pero no tuve respuesta. Pese a esto, lo que viene insinúa el mosaico
de acciones que cada gobierno ha emprendido para atajar al enemigo sorpresa.
Agradezco a mis amigos Giselle Aronson, Sajid Herrera Mena, Margarita Morales
Esparza, Diego Muñoz Valenzuela, Rafael Alejandro Nieto, Martín Palacio Gamboa,
Karen de la Vega y Santiago Vizcaíno por la amable respuesta que dieron a esta
idea base: “Cuál es tu percepción sobre el tratamiento que el gobierno de tu
país ha dado a la contingencia sanitaria. Además, y aunque es imposible lograr
que la opinión individual remplace a la colectiva, te pido que, si puedes, me
comentes cuál, o aproximadamente cuál, es la recepción de la ciudadanía a las medidas
oficiales tomadas en tu país ante la circunstancia que hoy vivimos”. Salvo España,
en todos los demás países representados acá abajo estamos a punto de enfrentar,
como ya observé, los días decisivos. Suerte y que los daños sean mínimos, o al menos
no tan grandes, para todos.
Nota
final: el orden de las respuestas es alfabético; tomo el primer apellido del
corresponsal como base.
Giselle Aronson,
escritora (Argentina)
Apenas
instalada la urgencia, y antes del recrudecimiento de casos y víctimas, el
novísimo gobierno de mi país actuó con rapidez, tomando decisiones que
considero adecuadas en nuestro contexto, medidas que abarcaron aspectos
sociales, económicos, sanitarios, culturales. Tal como lo expresó el presidente
Alberto Fernández, se priorizó la vida de los argentinos a la economía. El
costo será altísimo, sobre todo si consideramos que Fernández asumió (hace tres
meses) tras cuatro años de un gobierno que dejó “tierra arrasada”. Por lo
pronto, el famoso “pico de casos” no se registró aún, la curva de infectados
muestra tendencia a aplanarse y el sistema de salud está respondiendo de manera
efectiva. Lamentablemente, todavía no podemos concluir sobre la eficacia de
estas medidas, la coyuntura se evalúa a diario y hay mucha incertidumbre,
incluso a nivel mundial, sobre cómo será el escenario futuro. Creo que, en
general, la población acepta y acuerda con estas medidas, a pesar de los
disconformes de siempre que se manifiestan en contra por el sólo hecho de
oponerse sin criterio. Por suerte, es una minoría insignificante.
Sajid Herrera Mena, historiador
y editor (El Salvador)
La pandemia del Covid-19 en El Salvador ha
generado experiencias inéditas para muchos, sobre todo para los más jóvenes,
como es el encierro doméstico de carácter nacional y obligatorio, que a más de
algún universitario que haya leído a Foucault le recordará los modelos de
gobierno que las ciudades apestadas proporcionaron al mundo occidental. Para
otros, quizá les haga recordar lo que se experimentó en la década de 1970 y
durante la guerra civil (1980-1992) con los "estados de sitio" y los
"toques de queda" impuestos por los regímenes de turno, así como
los racionamientos de alimentos en el mercado nacional y las escenas de pánico
e histeria colectiva. Como quiera que sea, creo que se ha transitado mediática
y repentinamente de una patologización psicosocial, por la que el Estado
buscaba enfrentarse a los grupos disfuncionales de la sociedad (las pandillas y
el crimen organizado), a una patologización biológica por la que ahora el
Estado lidera la batalla contra un enemigo también social, catalogado como
"invisible", pero ubicado en el cuerpo humano. A diez meses de haber
iniciado su mandato, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha buscado
detener el avance de esta pandemia no sin críticas por la falta de
transparencia en la información ofrecida por él y sus ministros, por las
violaciones a los derechos humanos cometidos por los aparatos de seguridad del
Estado y por la desobediencia a las resoluciones que ha dado la Corte Suprema
de Justicia, específicamente la Sala de lo Constitucional. A pesar de ello,
algunas casas de opinión pública internacionales han revelado los
altos índices de popularidad que goza el gobernante, sobre todo por el
manejo de la pandemia, sin advertir críticamente cómo este país se ha
construido socialmente durante muchas décadas bajo el imperio de la fuerza y la
violencia que los regímenes militares favorecieron y la oligarquía financió. Ciertamente,
el presidente, con su ejercicio de poder de corte autoritario y populista,
quiere capitalizar este modo de construcción social para su beneficio (y el de
su partido). Y un beneficio importante es justamente el electoral. Lo
interesante del caso es que estamos presenciando el paso de un modelo de
"control territorial" de los espacios físicos, en donde las pandillas
y el crimen organizado operan, por el que el Estado pretende tener un control
policial y militar, a un modelo de "control territorial" de
espacios físicos en donde es la enfermedad la que vulnera biológicamente a sus
habitantes. En este caso, sin dejar de contar con la policía y el ejército, son
los médicos los protagonistas. En este segundo caso, se busca también el
control no solo de la enfermedad, sino también de los sanos y de los enfermos.
Entonces, la cuarentena y los cercos sanitarios se están convirtiendo para la
experiencia salvadoreña en nuevos modelos de disciplinamiento social, en
espacios en donde la ciencia médica se logrará articular con la ciencia de la
seguridad ciudadana. Debemos estar atentos a los nuevos tipos de saber y de
poder que ello generará y cuáles serán sus consecuencias más inmediatas y
futuras.
Margarita Morales
Esparza, periodista (España)
En
España todavía se vive demasiada incertidumbre con el Covid-19. Pese a que las
cifras de muertes y contagios empiezan a bajar levemente, el gobierno pide
“prudencia” con los datos ofrecidos. ¡Por algo será! Todo sigue siendo confuso
y quizá no tan caótico como al principio, pero sí preocupante cuando el mismo
presidente, Pedro Sánchez, ha advertido este sábado que “podrá haber sucesivos
estados de alarma”. La población ya empieza a estar como una “bomba de tiempo”,
desesperada y urgida por salir a trabajar de nuevo para ganar dinero, pero
sobre todo para ver con qué se va a encontrar fuera de casa. Lo cierto es que
la desescalada tiene al gobierno quebrándose la cabeza para ver cómo desenreda
la madeja. El coronavirus vino a poner en vilo la economía del país y, por lo
pronto, el verano se da por perdido, pues no hay que olvidar que España vive
del turismo. El breve “alivio” inmediato que dará el gobierno, será en unos
días, en que los niños podrían salir del encierro, de manera controlada y
acompañados de sus padres, a pasear. Hay quienes se oponen a esta medida,
porque si se abren parques y áreas de juegos, existe el riesgo de que el virus
empiece a propagarse de nuevo. Habrá que esperar para ver…
Diego Muñoz Valenzuela,
escritor (Chile)
El
sello global que el gobierno de Piñera ha dado al tratamiento de la emergencia
sanitaria es un sesgo hacia el favorecimiento de los intereses económicos de
las grandes empresas, no hacia el cuidado de las personas, los trabajadores,
los empresarios pequeños y los independientes. Se advierte un manejo de la
información destinado a generar una sensación de control de la situación,
mediante un manejo poco transparente, y de otra parte la generación de miedo y
parálisis, destinada a tender una cortina de humo sobre las reivindicaciones
surgidas a partir del 18 de octubre de 2019, en el estallido social. Justamente
mañana [lunes 20 de abril] Piñera y su gobierno han llamado a los trabajadores
del sector público a volver a sus puestos de trabajo, en una actitud
irresponsable, ya que lo que se pretende es generar una acción ejemplar para
recuperar la economía, despreciando la salud de las personas. Hay llamados a la
desobediencia civil para no volver al trabajo mañana lunes, que será un día de
decisiones y acciones complejas.
Rafael Alejandro Nieto,
editor (Colombia)
En mi concepto, el Estado colombiano ha tenido una respuesta adecuada a la emergencia sanitaria. Si bien el gobierno nacional perdió aproximadamente cinco días clave para dar inicio a la cuarentena, el liderazgo de varios mandatarias y mandatarias regionales en regiones (gobernaciones y alcaldías) impulsó al Estado no sólo a implementarlas, sino a extenderlas por dos semanas adicionales para darle tiempo a nuestro sistema de salud (público y privado) de fortalecerse antes de los picos de ingreso de pacientes infectados; todo a pesar de las presiones de muchos sectores para "reabrir la economía". Adicionalmente, muchos entes de gobierno territorial han realizado campañas de recaudo de dinero entre empresas y personas, con lo que han conseguido cuantías considerables que se sumarán a los esfuerzos estatales. En contraste, el Congreso de la República no ha dado muestras de estar a la altura de las circunstancias demorándose en cumplir con su deber constitucional en legislar al no ponerse de acuerdo en la modalidad de gestionar sus tareas.
En los últimos días,
especialmente en Bogotá, la situación de orden público se ha deteriorado con
brotes de violencia por la lentitud en la distribución de ayudas entre
poblaciones de escasos recursos y vulnerable. Esto porque la emergencia desnudó
la falta de cobertura de la red de bienestar y la muy limitada información que
tiene el Estado de sus habitantes de bajos recursos o en situación de miseria.
Esto se refleja en declaraciones del presidente en alocuciones públicas, donde
afirma que personas empleadas en microempresas reciben en promedio US$500
mensuales, cuando el salario mínimo mensual a duras penas asciende a los US$200
y más de la mitad de la población se encuentra en la informalidad.
Martín Palacio Gamboa,
músico y escritor (Uruguay)
Hablar
de lo que ha sido el tratamiento del coronavirus en Uruguay es hablar de una
política de Estado que buscó estar en consonancia con algunas declaraciones
oficiales de otros países signados ideológicamente por la derecha. O sea, la
idea es liberar la cuarentena de un modo gradual, empezando por los sectores
menos favorecidos y más expuestos (trabajadores rurales, obreros). Se trata de
aplicar la medida que Boris Johnson hizo en Reino Unido, que la población se
vaya infectando y a partir de ahí ver cómo se inmuniza, ya que lo importante es
que el mercado y el sistema financiero continúen en marcha. Eso no evitó una
suerte de contrapunto —no carente de rispideces— entre el gobierno y unos
cuantos sectores de la sociedad civil. Un ejemplo se dio el miércoles 22. El
presidente Luis Alberto Lacalle Pou había decretado el comienzo de clases para
ese día en las escuelas rurales. Por más que las maestras explicaran las
condiciones de acceso, por más que varias agrupaciones de médicos recomendaran
no tomar esa medida, el hecho era hacer una demostración de poder instando a
que el orden social volviera a una supuesta normalidad. Los medios oficialistas
y las autoridades se apersonaron a primera hora para recibir a los alumnos en
varias de esas escuelas del interior profundo: no fue nadie. Por una de esas
raras circunstancias de la historia nacional, tuvimos en las portadas de
nuestros diarios masivos una hermosa noticia: un acto sereno de desobediencia
civil, en el mejor sentido de la palabra.
El
hecho es que en nuestro país ha quedado claro que los sectores que se harán
cargo de solventar el costo de esta pandemia y recesión serán, como siempre,
los menos privilegiados: los trabajadores, los privados que cobrarán un
subsidio de desempleo escaso y solventado enteramente por el Estado y los
públicos que ven cómo sus salarios son ilegalmente rebajados sin negociación
previa. Eso nos lleva a preguntar cuál es el aporte que hace el sector de la
empresa privada al Fondo del Coronavirus. ¿El sector bancario y el financiero,
las grandes latifundistas, o los agroexportadores de soja, arroz o ganado, tan
beneficiados? Hoy en día, ¿cuánto donarán de sus ganancias? Los ejecutivos de
compañías de seguros, Afaps, directores y gerentes de empresas privadas que
hacen negocios con políticas públicas, mutualistas y seguros privados de salud,
bancos, y que ganan sueldos por mes de 2 a 6 millones, ¿van a tirar del carro
del Fondo CoronaVirus? En definitiva, los grandes ricos, los rentistas, las
quinientas familias, no se verán afectadas para nada. Quizás se infecten, pero
tendrán recursos para sobrevivir y seguir ostentando. En cambio, el pueblo en
su conjunto será usado por un gobierno que vino con un propósito que ya empezó
a llevar adelante: achicar el Estado Benefactor, contraponer al empleado
público (los que hacen que el sistema funcione, desde el policía al barrendero,
pasando por el docente o el que te arregla la luz cuando se corta) al empleado
privado, que está subempleado y acepta ganar lo que sea que le paguen. El
gobierno lanza una falsa oposición con el objetivo declarado de luchar contra
el virus y con el objetivo encubierto de desregular el empleo y el salario al
más puro estilo liberal.
Mientras
tanto, se escucha por radio que tanto Isaac Alfie (Director de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto) como Azucena Arbeleche (ministra de Economía)
recomiendan, para épocas de pandemia, flexibilización laboral, baja de salarios
y aumento impositivo. No como en épocas normales, que recomiendan flexibilización
laboral, baja de salarios y aumento impositivo.
Karen de la Vega,
editora (Guatemala)
Guatemala
actualmente cuenta con toque de queda de 18:00 horas a 4:00 de la mañana. El
uso de mascarilla es obligatorio. No hay centros comerciales funcionando y hay
cierto distanciamiento social, pudiendo laborar sin límite aquellas empresas
que así lo consideren con sus empleados. Creo que nuestro gobierno ha querido
hacer presión para lograr la contención de personas en cuarentena lo más
posible, haciendo cercos sanitarios en algunos municipios del país; sin
embargo, existe una presión mayor de parte del sector empresarial que no quiere
detener la producción. Ha optado por despidos masivos. En general la población
apoya y aplaude las decisiones que ha tomado el gobierno, pero no hay
normativas que garanticen un toque de queda 24/7 y que respalden a la población
en cuanto a sus responsabilidades económicas.
Santiago Vizcaíno,
escritor y editor (Ecuador)
La situación en Ecuador ha puesto en evidencia el desastroso
estado de la salud pública y la descomposición del sistema burocrático
gubernamental. Ya con una crisis a medias paliada por el Estado antes de la
emergencia, la pandemia ha rebasado las posibilidades económicas del
presupuesto y se empiezan a tomar medidas no para sostener a la población
trabajadora, sino para sostener el pago de deuda externa, proteger a los
grandes empresarios —flexibilización laboral— y al sistema bancario. Sin ninguna capacidad de
liderazgo, el presidente Moreno deja que las decisiones fundamentales las tomen
sus ministros, aliados del FMI y los grandes prestamistas. Sentado sobre su
trono y su discurso de discapacidad, gobierna desde su cuenta de Twitter y le
preocupa más enterrar a los muertos que contener el contagio desmedido del
virus en la población. Su popularidad ha caído en picada y la imagen que
presenta el gobierno con excesiva reiteración es la de un vicepresidente
fotografiado hasta el hartazgo en hospitales y territorio, como si se tratara
de una campaña política. La responsabilidad en los grandes polos de contagio,
Guayas y Pichincha, parece haber recaído en los alcaldes, con resultados
evidentemente distintos.
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