Tendemos a creer en lo que pensamos, es decir, solemos figurarnos un mundo acomodado a lo que vamos apeteciendo. Así, he notado que en las semanas recientes muchos de mis interlocutores habituales o esporádicos se han creado la ilusión de que disminuyó un poco el problema, de que ya salimos de la peor etapa y de que hubo “un pacto”, “una negociación”. Esa percepción parte, por supuesto, de la esperanza que ayuda a crear escenarios deseables, pero inexistentes, tanto que por racimos siguen cayendo ejecutados ora en Chihuahua, ora en Nuevo León, ora en Durango, ora en cualquier otra parte.
Se ha hablado mucho, en este punto del sexenio en el que ya es oportuno ir haciendo severas cuentas, sobre los saldos obtenidos por el actual gobierno en su lucha contra la delincuencia organizada; no parece muy alentador, y las razones son muchas e intrincadas. César Morales Oyervide hace un comentario clarificador al respecto en “Una crítica a la llamada guerra contra el narcotráfico” que he leído en Rebelión. Creo que los cinco puntos de su segundo inciso ayudan a comprender qué pasa en este caso, por qué, pese a que el gobierno actual ha sostenido una política de confrontación militarizada contra los grupos criminales, la realidad da trazas de estar peor.
Resumidos, los cinco puntos plantean supuestos errores de la estrategia militar seguida hasta ahora por el calderonismo:
“1. La pérdida del poder civil frente al castrense. La primera implicación de hacer de la intervención de las FF.AA. la regla en la lucha contra el narcotráfico es el lógico desequilibrio que crea entre el poder civil y el militar. El empleo del Ejército como consecuencia de la debilidad, ineficiencia o corrupción de las autoridades civiles o policiales es un mal remedio pues obstaculiza la evolución normal de las estructuras civiles del Estado y dota de un poder a los militares que puede debilitar el proceso democrático mexicano en un futuro. Esto es peligroso y nunca será baladí advertirlo. Resulta además muy paradójico que precisamente en los años de la ‘democratización’ del país, mientras más democracia formal existe, más poder ganan los militares, que cada vez copan en mayor medida las instituciones de seguridad y procuración de justicia civiles”.
“2. Los problemas de ejecución y coordinación. El siguiente problema que implica el uso de las FF.AA. es que los militares no actúan con una lógica adecuada para el combate a la delincuencia y el trabajo policial en sus operativos: entrenados para allanar y matar, no siempre entregan a los individuos que violan las leyes (o a los sospechosos) a la autoridad competente, convirtiendo esta “mano dura” contra los traficantes en un asunto de castigo y venganza expedita, sin participación del aparato judicial, prácticamente en algo ‘extralegal’”.
3. La (des)confianza y la violación de DDHH. Una de las justificaciones más utilizada en el tema del uso del Ejército es la tesis de la confianza, que se basa en análisis de opinión que muestran que la población considera a las Fuerzas Armadas (junto a la Iglesia) como una de las instituciones más confiables, a enorme distancia de la policía o los políticos. (…) Extraña confianza de la ciudadanía en un Ejército denunciado no sólo por nacionales sino por ONGs como Amnistía Internacional”.
“4. El mito de la ‘miasma’, la incorruptibilidad (…). La otra gran justificación para relegar de la lucha contra la droga a las fuerzas de seguridad civiles es la tesis de la ‘penetración’”, es decir, que las fuerzas civiles han sido infiltradas y que eso hace imprescindible la actuación militar.
“5. Su juego: el golpe que el narco aprovecha. Otra implicación, negativa, de la ‘guerra’ de Calderón es simplemente el uso de una estrategia agresiva. Como apuntó hace poco Gutiérrez en la revista Nexos (septiembre): con un gobierno débil, una política de intervención antidroga agresiva tiende a exacerbar y multiplicar la violencia”. La opinión de Morales Oyervide ayuda a entender algunos de los flecos que tiene la embrollada guerra contra el narco. No sobra reflexionarlos y acaso concluir que en mucho le asiste la razón.
Se ha hablado mucho, en este punto del sexenio en el que ya es oportuno ir haciendo severas cuentas, sobre los saldos obtenidos por el actual gobierno en su lucha contra la delincuencia organizada; no parece muy alentador, y las razones son muchas e intrincadas. César Morales Oyervide hace un comentario clarificador al respecto en “Una crítica a la llamada guerra contra el narcotráfico” que he leído en Rebelión. Creo que los cinco puntos de su segundo inciso ayudan a comprender qué pasa en este caso, por qué, pese a que el gobierno actual ha sostenido una política de confrontación militarizada contra los grupos criminales, la realidad da trazas de estar peor.
Resumidos, los cinco puntos plantean supuestos errores de la estrategia militar seguida hasta ahora por el calderonismo:
“1. La pérdida del poder civil frente al castrense. La primera implicación de hacer de la intervención de las FF.AA. la regla en la lucha contra el narcotráfico es el lógico desequilibrio que crea entre el poder civil y el militar. El empleo del Ejército como consecuencia de la debilidad, ineficiencia o corrupción de las autoridades civiles o policiales es un mal remedio pues obstaculiza la evolución normal de las estructuras civiles del Estado y dota de un poder a los militares que puede debilitar el proceso democrático mexicano en un futuro. Esto es peligroso y nunca será baladí advertirlo. Resulta además muy paradójico que precisamente en los años de la ‘democratización’ del país, mientras más democracia formal existe, más poder ganan los militares, que cada vez copan en mayor medida las instituciones de seguridad y procuración de justicia civiles”.
“2. Los problemas de ejecución y coordinación. El siguiente problema que implica el uso de las FF.AA. es que los militares no actúan con una lógica adecuada para el combate a la delincuencia y el trabajo policial en sus operativos: entrenados para allanar y matar, no siempre entregan a los individuos que violan las leyes (o a los sospechosos) a la autoridad competente, convirtiendo esta “mano dura” contra los traficantes en un asunto de castigo y venganza expedita, sin participación del aparato judicial, prácticamente en algo ‘extralegal’”.
3. La (des)confianza y la violación de DDHH. Una de las justificaciones más utilizada en el tema del uso del Ejército es la tesis de la confianza, que se basa en análisis de opinión que muestran que la población considera a las Fuerzas Armadas (junto a la Iglesia) como una de las instituciones más confiables, a enorme distancia de la policía o los políticos. (…) Extraña confianza de la ciudadanía en un Ejército denunciado no sólo por nacionales sino por ONGs como Amnistía Internacional”.
“4. El mito de la ‘miasma’, la incorruptibilidad (…). La otra gran justificación para relegar de la lucha contra la droga a las fuerzas de seguridad civiles es la tesis de la ‘penetración’”, es decir, que las fuerzas civiles han sido infiltradas y que eso hace imprescindible la actuación militar.
“5. Su juego: el golpe que el narco aprovecha. Otra implicación, negativa, de la ‘guerra’ de Calderón es simplemente el uso de una estrategia agresiva. Como apuntó hace poco Gutiérrez en la revista Nexos (septiembre): con un gobierno débil, una política de intervención antidroga agresiva tiende a exacerbar y multiplicar la violencia”. La opinión de Morales Oyervide ayuda a entender algunos de los flecos que tiene la embrollada guerra contra el narco. No sobra reflexionarlos y acaso concluir que en mucho le asiste la razón.
