Un
día después de celebradas las marchas en todo el país y varias manifestaciones
de repudio en el extranjero, un “duro golpe” al narcotráfico no pudo hacerse
esperar en la ya acostumbrada administración por goteo de las detenciones
viaipí (la captura se dio, vaya maravilla de la proximidad, en un sitio que
recorro todos los días laborables). Esta noticia, por supuesto, alentó el
sospechosismo nacional y sirvió para demostrar, por milésima vez, que los
performances de seguridad siempre quedan demasiado casualmente cerca de los
acontecimientos que ponen en entredicho la eficacia de nuestros gobiernos,
sobre todo del federal.
Pero
la cortina, o lo que al menos parece una cortina, no tuvo efectos destacables
más allá del alboroto en el gallinero informativo. La razón es elemental: no se
puede tapar el sol de las masacres y las desapariciones con el dedo de una
captura tan aterciopelada que suena a fantasmagoría: un meganarco y su modesto
escolta son detenidos sin disparos, con una eficacia quirúrgica. Así nomás. No
hay otros compinches cercanos, no hay más datos que lleven a pensar en nada que
no sea el golpe mediático en sí, casi al estilo de García Luna Films S.A.
El
problema de Guerrero, por otro lado, sigue escalando, y aunque EPN declaró —en
un mensaje, es verdad, caracterizado por una notable torpeza retórica— que las
investigaciones llegarán hasta el fondo sean quienes sean los culpables de la
atrocidad, lo cierto es que a dos semanas de ocurrida la desaparición de los
normalistas el caso cada vez se enreda más y muestra los rasgos habituales de
las indagatorias mexicanas: opacidad, obstaculización de la investigación,
mensajes encontrados y, por todo, falta de resultados concretos y plenamente
satisfactorios.
Amnistía
Internacional señaló ayer, por esto, que “Las
familias de los estudiantes desaparecidos continúan sufriendo las consecuencias
de una investigación judicial caótica y hostil”, y añadió que tras el hallazgo
de las cuatro fosas “aún no se ha visto que los peritos internacionales
reconocidos por los propios familiares de los desaparecidos hayan podido
acceder a las fosas para realizar su trabajo”.
Lo anterior se refiere a los forenses argentinos que, dada su
experiencia en esta materia, fueron convocados para colaborar en el
esclarecimiento de los hechos. El vocero de Amnistía Internacional puntualizó
lo obvio: “si el gobierno federal es serio en sus promesas de una investigación
‘a profundidad’, medidas básicas como ésta deberían estar garantizadas desde el
primer momento”.
La dilación y el embrollo de los procedimientos forenses y
judiciales, los sabemos, sirven para dar tiempo que permita la maniobrabilidad
política. Lo lamentable en este caso es llegar al extremo de enturbiar las
investigaciones en función del control de daños (políticos) y no obrar en la
lógica de lo que se exige a las autoridades: avanzar sin límites en el
esclarecimiento de los delitos y satisfacer sin rodeos la exigencia de los resultados
demandados tanto por los familiares como por la sociedad.
Estamos pues ante un escenario cuya brutalidad desnuda al
poder, y por eso la cortina del jueves ya no rindió buen dividendo. Se necesita
mucho más para ocultar lo que pasó y sigue pasando en Iguala.
